domingo, 18 de septiembre de 2011
Increible
Solo se puede pasar la publicidad política para las elecciones presidenciales? Qué descaro! El poder dictatorial no permite que sus cortesanos y los súbditos utilicen los medios comunitarios para hacer la publicidad política.
Sin embargo, la dirigencia radial comunitaria a nivel nacional ha dicho que la decisión es pasar la publicidad política para las elecciones del 30 de octubre (regionales y locales) porque así lo permite la Constituci{on Política de Colombia y así lo obliga la ley de reforma política.
CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE COMUNICACIONES
Bogotá, 11 de agosto de 2011.
Doctor
DIEGO MOLANO VEGA
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Bogotá. D.C.
Señor ministro
Con todo respeto queremos hacerle conocer los aspectos centrales que enmarcan la situación actual de los medios comunitarios. No quisiéramos que una persona de su sensibilidad a las comunicaciones, fuera sin proponérselo, el que entierre un proceso de más de 20 años con el cual Colombia ha sido ejemplo para el mundo, pero está a punto de convertirse en experiencia negativa.
La radio comunitaria en Colombia ha sido asfixiada económicamente, es de allí de donde se derivan sus falencias en otros terrenos, como los contenidos, la participación y el impacto social. La mayor parte de las radios funcionan con la subvención de la propia comunidad que trabaja de manera gratuita o con salarios por debajo de los mínimos vitales. De allí que durante estos 15 años muchos profesionales, formados en comunicación comunitaria, han debido acudir a otros medios para lograr un ascenso social y un mejoramiento de sus condiciones de vida.
Nuestras radios han profesionalizado a muchos comunicadores populares y no son pocos los egresados de las escuelas y facultades de comunicación que han hecho realidad su proyección profesional en los estudios de las emisoras comunitarias. Hemos sido un apoyo tanto a en alfabetización radiofónica (más de 2 millones de personas han pasado por nuestros estudios), como en la formación de los universitarios.
Los concesionarios acuden a sus recursos para mantener el medio, en detrimento de su patrimonio institucional y también de los recursos personales de sus integrantes. Los costos de manteamiento de una emisora se calculan en por lo menos 6 millones de pesos mensuales, mientras que sus ingresos no llegan a los 2 millones en el 90% de los casos. Los costos fijos y aquellos derivados de las contraprestaciones a Sayco y Acinpro, así como el uso del espectro y las multas y requerimientos del MIntics no se comparecen con la labor cumplida.
El derecho a la comunicación tiene en las radios comunitarias una herramienta fundamental, así lo expresan todos los documentos incluso del mismo ente ejecutivo. Tal es el caso de la política pública promulgada en el 2007 y del documento Conpes 3506 del 2008. Pero el cumplimiento de estas ideas ha sido errático y contradictorio. Un problema de fondo subyace y es la falta de compresión con respecto al papel, sentido y función de los medios comunitarios.
Aunque algunos funcionarios del ministerio de tecnologías de la Información han sido sensibles a los problemas estructurales de la radio comunitaria, la entidad como tal persiste en un comportamiento que desconoce el verdadero sentido de estos medios de comunicación. La lógica que manejan se basa en considerar el derecho a la comunicación como un negocio particular, con lo cual pervierten el sentido de la política de comunicación y desconocen lo que significa para nuestra democracia.
La comunicación hoy en día se equipara en todo al papel de la educación. Es tal su función en la sociedad que no contar con ella o no tener acceso, resulta una vulneración a un derecho fundamental. Pero sobre todo implica condiciones de inserción social desiguales y de apropiación cultural ajenas a los propósitos de diversidad y equidad que promueve nuestra constitución.
Así como la educación no es un problema de quienes aman ser profesores, la comunicación no es responsabilidad exclusiva de quienes amamos la radio, la televisión y los medios comunitarios en general. En cambio son muy fuertes los medios comerciales cuyo papel es completamente distinto y su juego en el mercado obedece a unas reglas para las cuales el estado es garante y aperador. Pero para los medios comunitarios el Estado debe ser responsable y no solo legislador.
Es hora de que el MinTic asuma su papel de constructor y no de policía de la radio comunitaria. La sociedad civil le ha aportado de manera ingente a este proceso, es hora de que el gobierno haga lo propio. De esta manera podremos construir una política de estado coherente y que contribuya a tener la radio que todos anhelamos. En donde los comunicadores tengan una remuneración adecuada y sus mensajes sean cada vez mejores y de mayor impacto.
El modelo europeo de radio pública y el modelo estadounidense de radio comercial, dejan las responsabilidades en manos del gobierno y de la industria cultural respectivamente. Nuestro modelo respeta esas dos formas de comunicación pero promueve una tercera cuyo rendimiento debe ser social. Estos son los medios comunitarios.
Sin buenos maestros, bien pagos y en constante formación, ninguna sociedad puede aspirar a superar las desigualdades, es por ello que los estados invierten en educación. Lo mismo debe suceder en comunicación, terreno desde el cual se tejen los comportamientos cotidianos aún más que en el aula.
El derecho a la comunicación integra además otros derechos porque permite escuchar los argumentos de las organizaciones sociales más diversas. Hacer públicos los discursos de los grupos sociales, jóvenes, ambientalistas, mujeres, personas con discapacidad y un largo etcétera, solo es posible en los medios comunitarios que tienen como propósito hacer de la vida de los pueblos las palabras de la radio.
La introducción de un artículo que considera a los medios comunitarios en el Plan de Desarrollo, la aprobación explicita que hizo la Cámara de Representantes para incluir las radios comunitarias como usuarias de la publicidad política pagada, son dos muestras de que la Rama Legislativa también ha entendido el clamor de los medios de comunicación comunitarios. Una norma en contravía de todos estos procesos es la que consagra el la ley anticorrupción que pone en práctica una idea absurda según la cual los medios comunitarios deben prestar sus servicios de manera gratuita.
Es tal el abandono que sienten las radios que ni siquiera cuentan con seguridad jurídica. Las emisora piratas creadas por personas con intereses particulares, no son efectivamente perseguidas. Tenemos documentados muchos casos en los cuales nuestras demandas han sido objeto de dilaciones y tramites que más bien parecen una burla. La agencia del espectro devuelve las preguntas al ministerio y viceversa. Los que no pagan ninguna contraprestación se apropian de un bien público para el cual la comunidad organizada ha trabajado y ha invertido recursos muy importantes.
Las posibilidades de inclusión digital que deberían tener en la radio y la televisión comunitarias el camino más expedito, han sido miradas de soslayo. Nuestra capacidad instalada permitiría llevar conectividad a millones de personas que ya están haciendo parte de los sistemas de televisión y con el acceso al internet por parte de las emisoras, podríamos tener un contacto real, fuerte y de gran proyección económica entre el país en diáspora y los municipios expulsores. Más de 4 millones de personas ,que podrían verse beneficiados en el exterior con una radio comunitaria en internet y por lo menos otros 18 millones locales, que verían ampliados sus mercados y proyectada su cultura. Hemos pedido esta conectividad desde hace más de 12 años, cuando conformamos SIPAZ, y nunca hemos recibido respuesta alguna. Esperamos que esta administración que sí comprende la importancia de las redes y valora la capacidad instalada pueda agenciar este cambio que traería bienestar a más de la mitad de la población colombiana.
Las contraprestación por uso del espectro fueron atentatorias al derecho de a la comunicación y a los acuerdos firmados, cuando el Ministerio cambio sus tarifas unilateralmente incumpliendo los contratos firmados en 1997 y violando los principios de equidad e igualdad. Seis años nos tomó lograr el cambio a pesar que desde el primer momento el mismo ingeniero encargado de formular el RUC reconoció en reunión del año 2006 su error, ya que había hecho este proceso pensando en los dispositivos móviles que entraban en furor y se llevo de contera a las radios comunitarias. Durante siete años pagamos sobrecostos de más de 1.700 % y sin embargo ahora que la ola invernal dejo bajo el agua a decenas de emisoras y a todos sus anunciantes y gestores, las únicas respuestas son burocráticas, jurídicas y nunca de ayuda o de apoyo.
La crisis económica nos afecta y la única respuesta del Ministerio son los requerimientos, los cobros coactivos, las multas, los cierres. Cuando el sistema financiero tiene crisis todos los colombianos y colombianas debemos pagarlo a través de sistemas públicos de apoyo. Pero cuando somos los mismos pueblos los que requerimos un nuevo aire para nuestro derecho a la comunicación, sentimos que se nos asfixia. Pero esa mano que aprieta no se da cuenta que está dejando sin oxigeno es a la democracia, al desarrollo y la paz. El costo social de su error no se comparece con la riqueza que traería al país unos medios de comunicación comunitaria fuertes, participativos, integrados a las políticas públicas y al mejoramiento de las condiciones de vida.
Seguimos esperando respuestas por parte de Mintic. Nuestra invitación como siempre es al dialogo y al trabajo mancomunado. Somos un gremio que ha sido capaz de consolidarse en la heterogeneidad y con respeto por todas las ideas y credos. Somos un gremio construido con los materiales diversos y maravillosos de Colombia. Ponemos nuestra capacidad al servicio del derecho a la comunicación, que el Ministerio nos diga si está dispuesto a emprender ese dialogo y esa transformación. Tan solo requerimos cinco puntos para apuntalar un nuevo país.
1 Fortalecimiento económico: cumplimiento del Conpes 3506, reglamentación e implementación del Plan de Desarrollo, respeto a la voluntad del legislativo acorde con las aprobaciones de la Cámara de Representantes y el espíritu de la conciliación con el Senado y derogación del artículo que obliga a las radios a emitir más de dos horas diarias de manera gratuita.
2 Seguimiento y acompañamiento a la negociación con Sayco y Acinpro y hacer cumplir en todo el decreto de derechos de autor.
3 Condonación de la deuda a emisoras en zonas que hayan sido declaradas en calamidad o cuya población haya sido damnificada.
4 Conectividad gratuita o por canje para todas las radios y televisiones comunitarias.
5 Implementación de telefonía e internet aprovechando los sistemas de televisión comunitaria implementando un triple play social administrado por las mismas comunidades.
Es sencillo si trabajamos juntos. Será aun verdadera revolución para el país sin dolor, sin violencia, sin horror. Un gobierno que dialogue y una sociedad civil que propone, sin duda una ecuación justa y buena para la democracia y la paz.
Reconocemos que desde hace algunos años el MinTic, en varias aéreas, ha emprendido tareas y apoyo a procesos de mejoramiento de las emisoras, que aunque lento, ha tenido algunos avances, como el Conpes 3506, acompañamiento y capacitación en algunas regiones con las antiguas territoriales.
MAURICIO BELTRAN QUINTERO
Consejero Nacional – Comité Asesor Radio Comunitaria MinTic.
Presidente Corporación SIPAZ
MIGUEL CORD0BA CAJIGAS
Consejero Nacional (E ) – Comité Asesor Radio Comunitaria MinTic.
Vice-presidente Consejo SIPAZ
MARLON DARIO PRIETO CORTES
Consejero Región Centro – Comité Asesor Radio Comunitaria MinTic.
Director Ejecutivo SIPAZ
SAUL PERTUZ SAMPER
Consejero (E) Región Costa Caribe – Comite Asesor Radio Comunitaria MinTic.
JOSE ELIAS GONZALEZ
Consejero Región Sur – Comite Asesor Radio Comunitaria MinTic.
ALGEMIRO CARDENAS AGUDELO
Consejero Región Occidente y Eje Cafetero – Comite Asesor Radio Comunitaria MinTic.
Sin embargo, la dirigencia radial comunitaria a nivel nacional ha dicho que la decisión es pasar la publicidad política para las elecciones del 30 de octubre (regionales y locales) porque así lo permite la Constituci{on Política de Colombia y así lo obliga la ley de reforma política.
CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE COMUNICACIONES
Bogotá, 11 de agosto de 2011.
Doctor
DIEGO MOLANO VEGA
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Bogotá. D.C.
Señor ministro
Con todo respeto queremos hacerle conocer los aspectos centrales que enmarcan la situación actual de los medios comunitarios. No quisiéramos que una persona de su sensibilidad a las comunicaciones, fuera sin proponérselo, el que entierre un proceso de más de 20 años con el cual Colombia ha sido ejemplo para el mundo, pero está a punto de convertirse en experiencia negativa.
La radio comunitaria en Colombia ha sido asfixiada económicamente, es de allí de donde se derivan sus falencias en otros terrenos, como los contenidos, la participación y el impacto social. La mayor parte de las radios funcionan con la subvención de la propia comunidad que trabaja de manera gratuita o con salarios por debajo de los mínimos vitales. De allí que durante estos 15 años muchos profesionales, formados en comunicación comunitaria, han debido acudir a otros medios para lograr un ascenso social y un mejoramiento de sus condiciones de vida.
Nuestras radios han profesionalizado a muchos comunicadores populares y no son pocos los egresados de las escuelas y facultades de comunicación que han hecho realidad su proyección profesional en los estudios de las emisoras comunitarias. Hemos sido un apoyo tanto a en alfabetización radiofónica (más de 2 millones de personas han pasado por nuestros estudios), como en la formación de los universitarios.
Los concesionarios acuden a sus recursos para mantener el medio, en detrimento de su patrimonio institucional y también de los recursos personales de sus integrantes. Los costos de manteamiento de una emisora se calculan en por lo menos 6 millones de pesos mensuales, mientras que sus ingresos no llegan a los 2 millones en el 90% de los casos. Los costos fijos y aquellos derivados de las contraprestaciones a Sayco y Acinpro, así como el uso del espectro y las multas y requerimientos del MIntics no se comparecen con la labor cumplida.
El derecho a la comunicación tiene en las radios comunitarias una herramienta fundamental, así lo expresan todos los documentos incluso del mismo ente ejecutivo. Tal es el caso de la política pública promulgada en el 2007 y del documento Conpes 3506 del 2008. Pero el cumplimiento de estas ideas ha sido errático y contradictorio. Un problema de fondo subyace y es la falta de compresión con respecto al papel, sentido y función de los medios comunitarios.
Aunque algunos funcionarios del ministerio de tecnologías de la Información han sido sensibles a los problemas estructurales de la radio comunitaria, la entidad como tal persiste en un comportamiento que desconoce el verdadero sentido de estos medios de comunicación. La lógica que manejan se basa en considerar el derecho a la comunicación como un negocio particular, con lo cual pervierten el sentido de la política de comunicación y desconocen lo que significa para nuestra democracia.
La comunicación hoy en día se equipara en todo al papel de la educación. Es tal su función en la sociedad que no contar con ella o no tener acceso, resulta una vulneración a un derecho fundamental. Pero sobre todo implica condiciones de inserción social desiguales y de apropiación cultural ajenas a los propósitos de diversidad y equidad que promueve nuestra constitución.
Así como la educación no es un problema de quienes aman ser profesores, la comunicación no es responsabilidad exclusiva de quienes amamos la radio, la televisión y los medios comunitarios en general. En cambio son muy fuertes los medios comerciales cuyo papel es completamente distinto y su juego en el mercado obedece a unas reglas para las cuales el estado es garante y aperador. Pero para los medios comunitarios el Estado debe ser responsable y no solo legislador.
Es hora de que el MinTic asuma su papel de constructor y no de policía de la radio comunitaria. La sociedad civil le ha aportado de manera ingente a este proceso, es hora de que el gobierno haga lo propio. De esta manera podremos construir una política de estado coherente y que contribuya a tener la radio que todos anhelamos. En donde los comunicadores tengan una remuneración adecuada y sus mensajes sean cada vez mejores y de mayor impacto.
El modelo europeo de radio pública y el modelo estadounidense de radio comercial, dejan las responsabilidades en manos del gobierno y de la industria cultural respectivamente. Nuestro modelo respeta esas dos formas de comunicación pero promueve una tercera cuyo rendimiento debe ser social. Estos son los medios comunitarios.
Sin buenos maestros, bien pagos y en constante formación, ninguna sociedad puede aspirar a superar las desigualdades, es por ello que los estados invierten en educación. Lo mismo debe suceder en comunicación, terreno desde el cual se tejen los comportamientos cotidianos aún más que en el aula.
El derecho a la comunicación integra además otros derechos porque permite escuchar los argumentos de las organizaciones sociales más diversas. Hacer públicos los discursos de los grupos sociales, jóvenes, ambientalistas, mujeres, personas con discapacidad y un largo etcétera, solo es posible en los medios comunitarios que tienen como propósito hacer de la vida de los pueblos las palabras de la radio.
La introducción de un artículo que considera a los medios comunitarios en el Plan de Desarrollo, la aprobación explicita que hizo la Cámara de Representantes para incluir las radios comunitarias como usuarias de la publicidad política pagada, son dos muestras de que la Rama Legislativa también ha entendido el clamor de los medios de comunicación comunitarios. Una norma en contravía de todos estos procesos es la que consagra el la ley anticorrupción que pone en práctica una idea absurda según la cual los medios comunitarios deben prestar sus servicios de manera gratuita.
Es tal el abandono que sienten las radios que ni siquiera cuentan con seguridad jurídica. Las emisora piratas creadas por personas con intereses particulares, no son efectivamente perseguidas. Tenemos documentados muchos casos en los cuales nuestras demandas han sido objeto de dilaciones y tramites que más bien parecen una burla. La agencia del espectro devuelve las preguntas al ministerio y viceversa. Los que no pagan ninguna contraprestación se apropian de un bien público para el cual la comunidad organizada ha trabajado y ha invertido recursos muy importantes.
Las posibilidades de inclusión digital que deberían tener en la radio y la televisión comunitarias el camino más expedito, han sido miradas de soslayo. Nuestra capacidad instalada permitiría llevar conectividad a millones de personas que ya están haciendo parte de los sistemas de televisión y con el acceso al internet por parte de las emisoras, podríamos tener un contacto real, fuerte y de gran proyección económica entre el país en diáspora y los municipios expulsores. Más de 4 millones de personas ,que podrían verse beneficiados en el exterior con una radio comunitaria en internet y por lo menos otros 18 millones locales, que verían ampliados sus mercados y proyectada su cultura. Hemos pedido esta conectividad desde hace más de 12 años, cuando conformamos SIPAZ, y nunca hemos recibido respuesta alguna. Esperamos que esta administración que sí comprende la importancia de las redes y valora la capacidad instalada pueda agenciar este cambio que traería bienestar a más de la mitad de la población colombiana.
Las contraprestación por uso del espectro fueron atentatorias al derecho de a la comunicación y a los acuerdos firmados, cuando el Ministerio cambio sus tarifas unilateralmente incumpliendo los contratos firmados en 1997 y violando los principios de equidad e igualdad. Seis años nos tomó lograr el cambio a pesar que desde el primer momento el mismo ingeniero encargado de formular el RUC reconoció en reunión del año 2006 su error, ya que había hecho este proceso pensando en los dispositivos móviles que entraban en furor y se llevo de contera a las radios comunitarias. Durante siete años pagamos sobrecostos de más de 1.700 % y sin embargo ahora que la ola invernal dejo bajo el agua a decenas de emisoras y a todos sus anunciantes y gestores, las únicas respuestas son burocráticas, jurídicas y nunca de ayuda o de apoyo.
La crisis económica nos afecta y la única respuesta del Ministerio son los requerimientos, los cobros coactivos, las multas, los cierres. Cuando el sistema financiero tiene crisis todos los colombianos y colombianas debemos pagarlo a través de sistemas públicos de apoyo. Pero cuando somos los mismos pueblos los que requerimos un nuevo aire para nuestro derecho a la comunicación, sentimos que se nos asfixia. Pero esa mano que aprieta no se da cuenta que está dejando sin oxigeno es a la democracia, al desarrollo y la paz. El costo social de su error no se comparece con la riqueza que traería al país unos medios de comunicación comunitaria fuertes, participativos, integrados a las políticas públicas y al mejoramiento de las condiciones de vida.
Seguimos esperando respuestas por parte de Mintic. Nuestra invitación como siempre es al dialogo y al trabajo mancomunado. Somos un gremio que ha sido capaz de consolidarse en la heterogeneidad y con respeto por todas las ideas y credos. Somos un gremio construido con los materiales diversos y maravillosos de Colombia. Ponemos nuestra capacidad al servicio del derecho a la comunicación, que el Ministerio nos diga si está dispuesto a emprender ese dialogo y esa transformación. Tan solo requerimos cinco puntos para apuntalar un nuevo país.
1 Fortalecimiento económico: cumplimiento del Conpes 3506, reglamentación e implementación del Plan de Desarrollo, respeto a la voluntad del legislativo acorde con las aprobaciones de la Cámara de Representantes y el espíritu de la conciliación con el Senado y derogación del artículo que obliga a las radios a emitir más de dos horas diarias de manera gratuita.
2 Seguimiento y acompañamiento a la negociación con Sayco y Acinpro y hacer cumplir en todo el decreto de derechos de autor.
3 Condonación de la deuda a emisoras en zonas que hayan sido declaradas en calamidad o cuya población haya sido damnificada.
4 Conectividad gratuita o por canje para todas las radios y televisiones comunitarias.
5 Implementación de telefonía e internet aprovechando los sistemas de televisión comunitaria implementando un triple play social administrado por las mismas comunidades.
Es sencillo si trabajamos juntos. Será aun verdadera revolución para el país sin dolor, sin violencia, sin horror. Un gobierno que dialogue y una sociedad civil que propone, sin duda una ecuación justa y buena para la democracia y la paz.
Reconocemos que desde hace algunos años el MinTic, en varias aéreas, ha emprendido tareas y apoyo a procesos de mejoramiento de las emisoras, que aunque lento, ha tenido algunos avances, como el Conpes 3506, acompañamiento y capacitación en algunas regiones con las antiguas territoriales.
MAURICIO BELTRAN QUINTERO
Consejero Nacional – Comité Asesor Radio Comunitaria MinTic.
Presidente Corporación SIPAZ
MIGUEL CORD0BA CAJIGAS
Consejero Nacional (E ) – Comité Asesor Radio Comunitaria MinTic.
Vice-presidente Consejo SIPAZ
MARLON DARIO PRIETO CORTES
Consejero Región Centro – Comité Asesor Radio Comunitaria MinTic.
Director Ejecutivo SIPAZ
SAUL PERTUZ SAMPER
Consejero (E) Región Costa Caribe – Comite Asesor Radio Comunitaria MinTic.
JOSE ELIAS GONZALEZ
Consejero Región Sur – Comite Asesor Radio Comunitaria MinTic.
ALGEMIRO CARDENAS AGUDELO
Consejero Región Occidente y Eje Cafetero – Comite Asesor Radio Comunitaria MinTic.
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